El Salvador

Población: 6 822 378

Capital: San Salvador

Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Después de una intensa campaña de las organizaciones sindicales y sociales, el gobierno ratifica los Convenios de la OIT referidos a la Libertad Sindical. Sin embargo, es una victoria pírrica, no entran aún en vigencia y aparecen nuevas restricciones. La sede de una Confederación Sindical fue allanada y apresado un dirigente, bajo falsas causas. Varios casos de violación al derecho de sindicalización se resuelven favorablemente.

Derechos sindicales según la ley

La Constitución y el Código Laboral reconocen el derecho de los trabajadores/as del sector privado y los empleados de agencias públicas autónomas a constituir sindicatos. Todos los trabajadores/as del sector público que no están empleados por agencias autónomas, como los hospitales públicos y la compañía estatal de electricidad, no tienen derecho a formar ni afiliarse a sindicatos, ni tampoco pueden emprender negociaciones colectivas. El gobierno ratificó este año los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT. Sin embargo, éstos no están aún en vigencia pues el gobierno exigió que se aprobara de forma vinculante una Reforma a la Ley de Servicio Civil y otra a la Constitución. Esta última Ley requiere una segunda ratificación por una nueva Asamblea, lo cual no podrá ser antes del 2009. Por lo tanto la vigencia de los convenios también está estancada a esas fechas.

La nueva Ley de Servicio Civil, que sí está vigente, amplía la gama de restricciones al derecho de sindicalización en el sector público. Se excluyen de los beneficios de los Convenios, y por tanto del derecho a sindicalizarse, no sólo a funcionarios de alto nivel en el sector público, sino también a aquellos en diversas funciones como bodegueros, colectores, tesoreros, pagadores, etc. Esta Ley además no regula otros derechos fundamentales para el ejercicio de la libertad sindical en el sector público, como por ejemplo la formación de federaciones y confederaciones, la protección del fuero sindical, el cumplimiento del contrato colectivo, la implementación de prácticas antidiscriminatorias y la no injerencia de titulares de las instituciones en asuntos sindicales. Los empleados públicos tienen, no obstante, derecho a organizarse en asociaciones para defender sus intereses según la Constitución de la República de El Salvador.

Restricciones a la libertad sindical: Para estar legalmente registrados, los sindicatos deben cumplir con complejos procedimientos que incluyen la necesidad de obtener una autorización previa del gobierno. Además, si se niega la personería jurídica de un sindicato, se prohíbe cualquier intento de promoción de la organización durante los 6 meses siguientes. Los sindicatos deben contar con un mínimo de 35 miembros en el lugar de trabajo, y los integrantes de los órganos directivos del sindicato deben ser salvadoreños de nacimiento. Los sindicatos no pueden participar en actividades políticas.

Restricciones al derecho a negociación colectiva: El Estado limita el derecho a negociar contratos colectivos de trabajo, al establecer en el Código de Trabajo que para su primera celebración, el sindicato debe tener en afiliación no menos del 51% de las personas que trabajan en la empresa o establecimiento.

Restricciones al derecho de huelga: Existen restricciones al derecho de huelga, incluyendo el requisito de que un 51% de los trabajadores/as, sean o no miembros del sindicato, debe aceptar una huelga en una empresa. Sólo se puede convocar una huelga si tiene que ver con un cambio o la renovación de un convenio colectivo o con la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores/as. En El Salvador, según el Ministerio de Trabajo todas las huelgas son y han sido ilegales. Legalmente, se consolida esta tendencia, pues está prohibido presentar algún recurso para impugnar una resolución judicial de ilegalidad de una huelga.

Defensa inadecuada contra el despido injusto: El Código Laboral no contempla la reincorporación de trabajadores/as despedidos aunque el derecho existe en virtud del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) firmado por El Salvador. Hace ya algún tiempo una recomendación de la OIT indicaba que la reintegración de los trabajadores/as despedidos es un elemento necesario de defensa contra el despido injusto.

Limitaciones del Fuero Sindical: El fuero sindical se limita a los 35 constituyentes, con lo cual se excluye al resto de personas fundadoras. Además finaliza en el momento en que se notifica la inscripción o negación de la personería jurídica de la organización, dejando en desprotección ante el despido a todos los trabajadores/as que ejercieron el derecho de formar un sindicato.

Derechos sindicales en la práctica

Protección inadecuada y tácticas antisindicales: Existe una fuerte discriminación contra los trabajadores/as a causa de su membresía sindical o de sus actividades sindicales, a pesar de que la discriminación antisindical está prohibida por ley, incluso durante el período previo al registro legal del sindicato, y los trabajadores/as, en teoría, no pueden ser despedidos porque sus nombres figuran en la solicitud de registro del sindicato.

Inspectores de trabajo – no cumplen con su deber: Otro obstáculo para el respeto de los derechos sindicales es que los inspectores de trabajo no siguen los procedimientos de inspección legalmente establecidos, ignoran las conductas antisindicales y prefieren no imponer multas a las grandes empresas. Los sindicatos se quejan de que no se les permite participar en las inspecciones y muchas veces no se les informa cuándo las inspecciones han de llevarse a cabo, mientras que los trabajadores/as han indicado que los inspectores de trabajo ni siquiera hablan con ellos. Así mismo, se les niega las actas de inspección o son entregadas tardíamente.

El Ministerio de Trabajo no respeta los convenios colectivos: En varias ocasiones el Ministerio de Trabajo le ha dado curso legal a solicitudes patronales para eliminar cláusulas de los contratos colectivos. De esta forma, el Ministerio irrespeta la legalidad de estos acuerdos y el hecho que hayan sido negociados colectivamente.

Denegación arbitraria de la personería jurídica: Con mucha frecuencia el Ministerio de Trabajo deniega arbitrariamente la personería jurídica a los sindicatos, éste es el caso del SITEVMAIES, quien, luego de una queja internacional, obtuvo su personería jurídica. La imposibilidad de hacer un reclamo ante la vía administrativa, abre un margen de "acción impugne" a las autoridades correspondientes, ya que la vía judicial puede durar hasta 18 meses, período en el cual generalmente la empresa aprovecha para desmantelar el sindicato, despidiendo a sus fundadores. De esta manera, aunque legalmente se gane el caso, en la práctica generalmente se pierde pues la organización formal no tendría los trabajadores/as que la sustentan.

Despidos masivos socavan sindicatos: Los despidos masivos de trabajadores/as y de directivos sindicales sin cancelar sus salarios son muy frecuentes en El Salvador. La aceptación de facto de esta práctica ha facilitado el uso de tales tácticas para socavar los sindicatos de parte de los empleadores.

Prácticas laborales "flexibles" abonan contra libertad sindical: Prácticas laborales como la subcontratación de trabajadores/as, a través de una empresa intermediaria se convierte en un obstáculo para la organización sindical y la negociación colectiva. En estos casos, la responsabilidad patronal queda totalmente diluida e invisibilizada, ya que la empresa y los superiores con quienes se tiene relación directa no son la patronal legal. Por lo tanto, la empresa nunca reconocerá al sindicato, y mucho menos entrará en un proceso de contratación colectiva.

Violación del derecho al empleo por ser sindicalistas: Las listas discriminatorias, llamadas "listas negras", es uno de los instrumentos patronales antisindicales más utilizado por las empresas, principalmente en las zonas francas industriales. Negando el derecho al empleo a personas que han tenido alguna historia en relación con organizaciones sindicales, las empresas van garantizando la casi extinción de sindicalistas en estas zonas, y por lo tanto, mucho más difícil la creación de nuevos sindicatos. Existe total complicidad entre las distintas empresas al hacer circular entre ellas estas listas. Así mismo, a pesar de ser esto una denuncia permanente, las instituciones estatales no ejercen ninguna acción al respecto.

Zonas Francas Industriales: facilidades para su política antisindical: Aunque el derecho de negociación colectiva está reconocido por la ley, no se aplica en las zonas francas industriales a causa de la extrema discriminación antisindical de los empleadores y a la abdicación por parte del gobierno de su responsabilidad de defender el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores/as de las zonas francas. Todo intento de organización es reprimido y los trabajadores/as son amenazados con el despido si intentan formar un sindicato o afiliarse o con la salida de la empresa dejando a todas las personas sin trabajo.

Los incentivos que tienen estas empresas facilitan y protegen estas políticas antisindicales. Las empresas "maquileras" pueden cerrar operaciones en cualquier momento que sientan sus ganancias afectadas por la exigencia de derechos de parte de los sindicatos, dejando deudas a los trabajadores/as y al Estado. Ante esta situación, no hay posibilidad de tramitar un caso judicial en ausencia del demandado, ni tampoco existe un fondo que permita al Estado asumir el pago de indemnizaciones a los trabajadores/as afectados. Con la entrada en vigor del TLC, será imposible cualquier trámite judicial dadas las garantías otorgadas a las empresas inversionistas.

Violaciones en 2006

Contexto general: El 1 de marzo del 2006 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Al finalizar el año, las organizaciones sociales que se han opuesto desde el inicio a este tipo de acuerdos comerciales han denunciado que las promesas del gobierno no se han cumplido. Por el contrario, ha aumentado el déficit comercial, muchas empresas maquiladoras han cerrado, en vez de aumentar las inversiones, y en general se han perdido alrededor de 90 mil empleos. El clima de inseguridad y violencia social sigue reinando en el país. La adopción de los convenios 87 y 98 de la OIT se entenderían como la pretensión del gobierno de favorecer la firma de un Acuerdo de Asociación con la UE, mismo que facilitaría el libre ingreso de los productos salvadoreños a ese mercado.

Asalto a Sede de Confederación Sindical, captura y tortura a dirigente sindical: Entre las 11 de la noche del 5 de julio y las 3 de la madrugada del día 6, la policía allanó sin orden judicial la sede de la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS). El Secretario de Prensa y Propaganda de la Confederación y miembro del Sindicato de Dulces y Pastas Alimenticias, Daniel Ernesto Morales, fue capturado y luego torturado. El pretexto expuesto por la policía es que estaban buscando armas en las organizaciones alrededor de la Universidad, donde se desarrollaban esos días manifestaciones estudiantiles. Sin embargo, la Confederación y las organizaciones salvadoreñas han denunciado este hecho como una acción más de represión sindical.

Varios hechos son coincidentes. Ese mismo día se había realizado en la CSTS una conferencia de prensa para denunciar la represión contra el movimiento sindical y popular. Unos días después (el 19 de julio) la CSTS había solicitado una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre la política antisindical del Gobierno de El Salvador. Además, ninguna otra organización de las muchas que quedan en la zona fue revisada por la policía, la CSTS, ni siquiera es la más cercana físicamente de la Universidad.

Justamente el dirigente sindical que fue capturado y torturado, ha sido quien ha liderado un proceso legal contra la empresa Diana S.A, propiedad del Ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, hecho que ha provocado una fuerte campaña antisindical en esta empresa (Ver informe 2006). Daniel Ernesto fue liberado bajo libertad condicional 4 días después de una intensa campaña de solidaridad y presión internacional.

Continúan sin protección y en "listas negras" trabajadores/as de Hermosa: Los 190 trabajadores/as que fueron despedidos en mayo del 2005, con el cierre de la fábrica "Hermosa Manufacturing S.A.", continúan hoy sin recibir ninguna de las deudas que les debe la empresa por concepto de salarios pendientes e indemnizaciones. Los hechos sucedieron un mes después de que se organizara un sindicato en la maquiladora y se comenzaran los reclamos por el impago del seguro social y las contribuciones al fondo de pensión. Se calcula un total de 825 000 dólares de deuda a los trabajadores/as y al Estado. Durante todo el 2006 los trabajadores/as han agotado todas las vías para reclamar sus derechos. Como consecuencia, se ha circulado entre las empresas "maquiladoras", una lista negra con sus nombres y por ende no son contratados en otras fábricas.

Despedida toda la dirigencia sindical: En abril de este año, el Sindicato de Baterías de El Salvador, SITRAEBES, fue descabezado totalmente, al ser despedida toda su dirigencia sindical.

Hostigamiento sindical: La Federación Sindical Salvadoreña denuncia, el 27 de julio, que varios trabajadores/as han sido acosados mediante anónimos donde se ha mencionado el "aniquilamiento sindical". Se denuncia además persecución de dirigentes y allanamiento de locales. La Federación interpuso una querella ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.