Haití

Población: 8 500 000

Capital: Puerto Príncipe

Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111

La difícil situación política y económica de Haití sigue sirviendo como excusa para hacer poco en la práctica a fin de garantizar el respeto de los derechos sindicales, que no están bien protegidos en la ley. Pese a la voluntad de las nuevas autoridades de armonizar la legislación con las normas fundamentales de la OIT, para finales de año no se había tomado ninguna disposición en este sentido. No obstante, se produjo una buena noticia tras el anuncio por parte de la Corporación Financiera Internacional de que sus créditos quedarán condicionadas al respeto de las normas fundamentales del trabajo, inspirándose en un proyecto piloto en la zona franca de Ouanaminthe donde, a pesar de todo, la dirección adoptó ciertas medidas antisindicales.

Derechos sindicales según la ley

Código laboral restrictivo: La Constitución promulgada en 1987 reconoce el derecho a la libertad sindical, así como el derecho de huelga, en todos los sectores. El Código Laboral, que cubre esencialmente al sector privado, data de la dictadura de Duvalier y es netamente más restrictivo. Excluye de su campo de aplicación a varias categorías de trabajadores/as, como por ejemplo los empleados/as del servicio doméstico y los mineros, además de impedir que los trabajadores/as extranjeros puedan acceder a cargos directivos sindicales.

Sólo se necesitan diez miembros para poder crear un sindicato. Una vez establecido, el sindicato debe notificar su existencia al empleador y facilitarle el nombre de al menos uno de sus dirigentes. No obstante, el Código Penal exige la autorización previa del gobierno para toda asociación de más de 20 personas, si esta asociación quiere ser reconocida por el gobierno. El Artículo 51 del Código de Trabajo prohíbe explícitamente el despido de trabajadores/as a causa de sus actividades sindicales, pero no prevé la reintegración de los sindicalistas víctimas de un despido improcedente. De hecho, la legislación no incluye ninguna disposición que proteja a los trabajadores frente a la discriminación antisindical en la contratación.

Los funcionarios públicos, los campesinos, los trabajadores/as independientes y aquellos que trabajan en la economía informal no están cubiertos por el Código Laboral.

Negociación colectiva: El Código Laboral no exige a los empleadores que se reúnan o negocien con las organizaciones sindicales.

Un decreto que data del 4 de noviembre de 1983 capacita al servicio del Departamento de Trabajo y Bienestar Social para intervenir en la elaboración de los convenios colectivos.

Solución de conflictos: El Código de Trabajo estipula que las partes deben intentar resolver sus diferencias a través de un proceso de mediación, conciliación y arbitraje que tienen lugar bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo. Los conflictos se someten en primer lugar a la Dirección del Trabajo, y si no se llega a un acuerdo, se remite el caso a un Comité de Arbitraje Tripartito. En caso de seguir sin alcanzar un acuerdo, la Comisión Tripartita de Consulta y Arbitraje dictaminará sobre el conflicto en última instancia.

En la práctica no resulta posible apelar la decisión. Varios abogados especialistas en legislación laboral han subrayado el peligro que entraña esta disposición, puesto que el hecho de crear una nueva jurisdicción fuera de cualquier sistema jurídico aumenta la posibilidad de un conflicto entre el Estado de Derecho y el papel judicial que desempeña la Comisión en la Resolución de un conflicto laboral.

La ley prevé igualmente la existencia de un Tribunal del Trabajo supuestamente encargado de resolver los conflictos resultantes del no respeto de las disposiciones del Código Laboral. Sin embargo, este Tribunal no está capacitado para dictaminar sobre los conflictos laborales que tienen lugar en el sector público.

Derecho de huelga limitado: El derecho de huelga está reconocido por el Código Laboral, pero con restricciones. El Código define tres tipos de huelga y cualquier acción que no corresponda a uno de estos tres tipos se considera ilegal. Una vez se declare ilegal una huelga, los trabajadores/as pueden ser despedidos por ruptura de contrato tras tres días de ausencia. Las partes en conflicto deben emprender una conciliación antes de convocar la huelga. Es obligatorio avisar con 48 horas de antelación y la huelga no puede exceder un día.

Las huelgas en las empresas del sector público son ilegales. La única medida prevista en caso de conflicto es la mediación y si se convocase de cualquier modo una huelga, el código acuerda al Estado el poder de intervenir y de imponer por la fuerza la reapertura de la empresa.

Promesas del nuevo gobierno: Desde hace varios años, se está estudiando una reforma para que la legislación haitiana esté conforme con las normas de la OIT en materia de derechos sindicales. En marzo, el gobierno recién electo se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores/as de todo tipo de discriminación antisindical, garantizar una protección frente a cualquier injerencia en los asuntos internos de los sindicatos. Prometió establecer las condiciones para fomentar y promover el desarrollo y la utilización de la mayor cantidad posible de procedimientos de negociación voluntaria, comprometiéndose además a modificar las disposiciones legislativas que confieren al gobierno poderes de control sobre los sindicatos, que imponen el arbitraje obligatorio a petición de cualquiera de las partes en conflicto y que excluyen del ámbito de aplicación del código de trabajo a toda una serie de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, a finales de año, ninguna de estas promesas se había concretizado.

Derechos sindicales en la práctica

Los empleadores abusan de los derechos: La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva son prácticamente inexistentes en la práctica. Como consecuencia del caos político de los últimos años, el clima de violencia y la tasa de desempleo record, pero también gracias a la complicidad de un aparato estatal bastante ineficaz, los empleadores se benefician de una total libertad. Suelen imponer los salarios de forma unilateral; las condiciones de trabajo son generalmente deplorables y no corresponden a las normas sanitarias y de seguridad; y, aduciendo que los haitianos desean trabajar a no importa qué precio, cometen regularmente abusos nivelando a la baja los salarios propuestos, ignorando incluso el salario mínimo legal establecido por la legislación nacional. Muchos trabajadores/as son empleados sin contrato o ignoran la existencia del Código Laboral. En ocasiones, los trabajadores/as ni siquiera conocen el nombre de la empresa para la que trabajan, por lo que son totalmente incapaces de defender sus derechos. Aquéllos que intentan organizar a los trabajadores/as en sindicatos, son objeto de constantes intimidaciones o son despedidos, la mayoría de las veces ignorando totalmente la legislación laboral.

Para evitar que los trabajadores se sindicalicen, los empleadores conceden ciertos beneficios a quienes no están afiliados a organizaciones sindicales.

Fracaso de los gobiernos: Los sucesivos gobiernos no han tomado nunca medidas concretas para hacer aplicar la ley. El Ministro de Justicia y de Seguridad Pública, que ocupó el cargo hasta la caída de Aristide, llegó incluso a declarar a los representantes de una misión sindical internacional que visitó Haití a mediados de febrero de 2005 que "en el contexto haitiano, los docentes y los periodistas no deben tener derecho a pertenecer a sindicatos". La corrupción de la administración ha seguido constituyendo un obstáculo para los sindicalistas cuando éstos intentan registrar su organización.

Al igual que sus predecesores, el nuevo gobierno no ha respondido a los llamamientos formulados por el Comité de Libertad Sindical respecto a una queja introducida en 2004 por la Coordination Syndicale Haïtienne y la CIOSL en relación con diversos actos antisindicales. Una vez más, el gobierno no designó a un representante de los trabajadores como parte de la delegación asistente a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio.

Impunidad de los empleadores: Pese a lo que estipula el Código Laboral, el gobierno nunca ha sancionado a los empleadores que interfirieron en asuntos internos de los sindicatos. Las investigaciones relativas a abusos cometidos contra los sindicalistas no suelen llevarse a buen término.

Mediación prácticamente inexistente: Las organizaciones de trabajadores cuestionan el trabajo de la Comisión Tripartita. En efecto, los casos que le son sometidos no llegan nunca a una conclusión, y la comisión ha fracasado a la hora de desempeñar un papel en la creación de un clima regulador que aliente a los trabajadores/as a remitirles sus conflictos.

El sistema de tribunales laborales sencillamente no funciona. Los procesos rara vez son equitativos, los jueces carecen de la debida formación y los plazos no se respetan. El recurso a un abogado suele ser financieramente prohibitivo. A veces los abogados se niegan simplemente a aceptar un caso si las compensaciones que les ofrecen son mínimas. Los trabajadores/as, por tanto, prácticamente nunca recurren a los tribunales laborales.

Inspecciones de trabajo inoperantes: La inspección de trabajo encargada de supervisar la aplicación de la legislación no dispone de suficientes efectivos y carece de equipamiento y formación, cuando no está sencillamente amenazada por los empleadores. Un informe del Centro Americano de Solidaridad Laboral Internacional (ACILS/AFL-CIO) de 2003 revela que, muy a menudo, los inspectores no comprenden bien su papel y no consiguen hacer respetar su autoridad. Se culpa de ello no sólo a la escasez presupuestaria, sino también a la falta de voluntad política por parte de los gobiernos en el poder.

Derecho de huelga limitado: Dado que la ley hace que resulte prácticamente imposible llevar a cabo huelgas legales, los trabajadores/as suelen mostrarse reacios a recurrir a este derecho, particularmente debido al plazo de preaviso exigido.

Sin embargo, y pese a la prohibición de que son objeto, los trabajadores/as del sector público en ocasiones recurren a la huelga.

Zonas industriales y zonas francas para la exportación: En agosto de 2003 la Compañía de Desarrollo Industrial (CODEVI) se estableció en la zona franca de Ouanaminthe, situada en la frontera con la República Dominicana. Propiedad del gigante del vestuario Grupo M, con sede en la República Dominicana, la planta fue construida gracias a un crédito de US$20 millones concedido por la Corporación Financiera Internacional (CFI), agencia del Banco Mundial que financia el sector privado. El préstamo estaba condicionado a que la compañía respetase la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. No obstante, los derechos de los trabajadores eran regularmente violados, y cualquier intento de formar un sindicato conducía al despido, incluyendo el despido colectivo de 350 trabajadores en junio de 2004. Esa situación parece haber cambiado. Luego de una campaña internacional y nacional, los trabajadores y trabajadoras fueron readmitidos, se reconoció al sindicato, y se firmó un convenio colectivo a finales de 2005.

Los cinco parques industriales existentes en la capital haitiana y sus alrededores se parecen mucho a la mayoría de las ZFI en la región de las Américas en términos de derechos sindicales, la única diferencia estriba en el nombre, y en el hecho de que ofrecen a los inversores pocos incentivos fiscales. Los sindicatos no son bien acogidos y los organizadores se enfrentan a actos de intimidación. Los trabajadores y trabajadoras del vestuario, en su mayoría mujeres entre los 25 y los 35 años, se ven obligados a vivir en la pobreza, teniendo que aceptar salarios de entre 2€ y 3,50€ al día, tres veces menos que los salarios aplicados en la República Dominicana vecina.

Corporación Financiera Internacional – acuerdo mundial sobre el respeto de los derechos sindicales tras el proyecto piloto haitiano en la ZFI de Ouanaminthe: El 21 de febrero de 2006, la Corporación Financiera Internacional (CFI), agencia del Banco Mundial que se encarga de conceder créditos al sector privado, adoptó un criterio que vincula la concesión de préstamos al comportamiento de la empresa en cuanto a los derechos sindicales y las condiciones de trabajo, obligando a las empresas a respetar las normas fundamentales del trabajo y prohibiendo así el recurso al trabajo forzoso, al trabajo infantil, a prácticas discriminatorias, y exigiendo el respeto de la libertad sindical.

Esta norma es consecuencia de la aplicación de una propuesta de la antigua CIOSL de condicionar al respeto de las normas fundamentales del trabajo la concesión de un préstamo acordado a la compañía dominicana de confección Grupo M para abrir una unidad de producción en la Zona Franca Industrial (ZFI) de Ouanaminthe. Tras varios meses de acción colectiva, este instrumento contribuyó en diciembre de 2005 a permitir la firma de un convenio colectivo histórico entre el sindicato SOKOWA y la fábrica CODEVI, que preveía un aumento salarial y una mejora de las condiciones de trabajo.

Violaciones en 2006

Contexto general: El 7 de febrero, tras varios aplazamientos, se celebraron elecciones presidenciales en un clima de relativa tranquilidad, poniendo así fin a un período de transición que desembocaría en la elección indiscutible de René Préval. Pese a la presencia de una fuerza de estabilización, se produjeron violentas confrontaciones entre bandas rivales y grupos políticos, lo que ha afectado negativamente la situación en cuando a los derechos humanos y la buena gobernanza en el país.

Negativa a readmitir al tesorero del sindicato despedido por una empresa cervecera: Pese a que el Ministerio de Asuntos Sociales declaró improcedente el despido de Semeran Philome, Tesorero del sindicato en la cervecera La Couronne, cesado a finales de 2005 so pretexto de haber agredido a otro trabajador, el empleador todavía no había hecho nada a finales de año para garantizar su readmisión. En un encuentro con los dirigentes sindicales de la federación sindical Premier Mai Batay Ouvriye, la dirección de la cervecera precisó que la campaña de solidaridad internacional organizada por Batay Ouvriye no ha hecho sino perjudicar la readmisión del tesorero del sindicato.

Injerencia en las elecciones sindicales de SOKOWA y amenazas: Como resultado de un conflicto interno en el seno del sindicato SOKOWA respecto al resultado de las elecciones sindicales celebradas en abril, la dirección de la fábrica CODEVI se negó a reconocer al Comité Ejecutivo saliente, brindando su apoyo a un grupo minoritario. Teniendo en cuenta que la patronal se negó a negociar con los representantes legítimos de los trabajadores/as, las condiciones de trabajo se deterioraron y se produjeron varios despidos. Gracias a la intervención del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo en mayo, se firmó un acuerdo entre las distintas facciones sindicales, pero la dirección persistió en su negativa a reconocer al Comité Ejecutivo y amenazó con despedir a todos sus integrantes. En junio, tras un paro laboral de la plantilla de trabajadores/as, la dirección amenazó con cerrar la empresa y proceder al despido de los 700 trabajadores y trabajadoras. La dirección responsabilizó de la situación y de las posibles consecuencias a Batay Ouvriye.