República Dominicana

Población: 9 200 000

Capital: Santo Domingo

Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Dos dirigentes sindicales fueron sentenciados a prisión y otros ocho a pagar multas, por realizar protestas sociales en el marco de un paro de transporte. Al menos en 4 empresas se denunciaron despidos por organizar sindicatos. Continúan las campañas antisindicales en Zonas Francas. El derecho a la negociación colectiva y a la huelga siguen restringidos tanto en la ley como en la práctica.

Derechos sindicales según la ley

Libertad Sindical: Los trabajadores/as pueden sindicalizarse. Los sindicatos necesitan contar con al menos 20 miembros y adquieren personería jurídica por el sólo hecho de su registro en la Secretaría de Estado de Trabajo. Si el gobierno no se ha pronunciado en un plazo de 30 días después de haber presentado la solicitud de registro, los solicitantes pueden declararlo en mora durante los tres días siguientes, y un día más tarde el sindicato quedará automáticamente reconocido. Los sindicatos pueden formar federaciones, y éstas a su vez confederaciones. Sin embargo, existen restricciones. Así, por ejemplo, los funcionarios sólo pueden formar un sindicato si un 60% de los empleados de un organismo gubernamental aceptan afiliarse. Los empleados de los organismos estatales independientes y municipales están también excluidos del Código Laboral. La legislación y los reglamentos relativos a estos organismos no mencionan las libertades sindicales.

Limitaciones a la Negociación colectiva: Para que un sindicato pueda negociar colectivamente, la mayoría absoluta de los trabajadores/as en una empresa o sector de actividad deben estar afiliados al mismo.

Restricciones a la huelga: Sólo se puede convocar una huelga si la mayoría de los empleados, sean o no miembros del sindicato, votan a favor de la misma, requisito que podría obstaculizar considerablemente la acción de huelga. Debe haber un intento previo para resolver el conflicto a través de la mediación y arbitraje; y si estas medidas fracasan, el sindicato o los trabajadores/as deberán presentar una notificación escrita al Ministerio de Trabajo y respetar un compás de espera de 10 días tras la notificación, antes de pasar a la huelga.

No pueden hacer huelga quienes trabajan en los servicios públicos esenciales, ni los funcionarios estatales. Proceder con una huelga declarada ilegal pone fin, sin responsabilidad para el empleador, a los contratos firmados con los trabajadores/as que hayan participado en ella, salvo si la ilegalidad es por razones de procedimiento y los trabajadores/as se reintegran a sus labores dentro de las 24 horas siguientes a la sentencia de calificación.

Zonas Francas: No existe ninguna ley que exima a las empresas instaladas en las zonas francas del cumplimiento de la Legislación Laboral nacional.

Derechos sindicales en la práctica

Débil aplicación: Tratándose de un régimen laboral avanzado, su aplicación en la práctica es insuficiente por diversos motivos, entre los cuales se cuentan la tardanza en el conocimiento y decisión de los casos, el hecho de que se anteponen aspectos de carácter técnico e incluso subterfugios legales, frente a derechos fundamentales. A esto se suma el hecho de que, pese a un proceso de modernización de la justicia, persisten, aunque en menor medida que en el pasado, problemas como la presencia de jueces y tribunales politizados desde su nombramiento, comprometidos con los empleadores, y la impunidad de estos últimos en caso de violación de los derechos de los trabajadores, ante sanciones ineficaces.

Restricciones para el Sector Público: Dado que más del 58% de los trabajadores/as formales está al servicio del Estado, el ejercicio del derecho a la huelga resulta muy limitado. Además, a pesar de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa se producen despedidos masivos en el sector público sin garantizar las prestaciones laborales.

Negociación colectiva restringida en la práctica: La negociación colectiva se ve restringida en la práctica, debido al requisito de que los sindicatos representen a la mayoría absoluta de la plantilla. Muy pocas empresas cuentan con convenios colectivos.

Crece la economía informal: amenazas a la organización sindical: Ya son más las personas que trabajan en la economía informal (1.724.000) que en la formal (1.480.000). Esta situación excluye de hecho a poco más de la mitad de los trabajadores del derecho de sindicalización. En primer lugar, porque el mínimo de 20 trabajadores/as establecido para crear sindicatos, se hace difícil en estas empresas. Pero sobre todo, porque en la mayoría de estos empleos, las condiciones de trabajo y de vida son precarias, hay una desregulación total, desde las jornadas de trabajo hasta los inexistentes contratos, que hacen casi imposible que los trabajadores/as dispongan de la posibilidad de organizarse.

Se imponen condiciones laborales que dificultan la organización sindical: En la economía formal, además de verse estancado su crecimiento, se van imponiendo cada vez más relaciones laborales llamadas "flexibles" por las empresas que en realidad van eliminando derechos y dificultan indirectamente el ejercicio del derecho a la libertad de organización.

Particularmente, las estrategias de contratación son un gran obstáculo. La subcontratación a través de empresas dedicadas a estos fines, implica que los trabajadores/as son movidos permanentemente a diferentes empresas por lo que no construyen relaciones de solidaridad con los demás compañeros de trabajo, lo cual impide la organización. Pero además no establecen vínculo contractual con la patronal del lugar donde realmente trabajan lo cual hace imposible la negociación colectiva, si se lograra constituir un sindicato.

Por otro lado, la modalidad de contratos que se cancelan cada 3 meses, impone una condición de inestabilidad laboral permanente a los trabajadores/as, lo cual además de afectarles la acumulación de derechos, les profundiza su relación de dependencia y desigualdad de la patronal, primando la amenaza permanente de perder el empleo, ante lo cual la exigencia de derechos o la organización sindical pasa a un segundo plano.

Total desprotección de trabajadores/as haitianos: Numerosos trabajadores/as en las plantaciones de caña de azúcar y en otros sectores son haitianos. Con frecuencia están en condiciones migratorias ilegales y por lo tanto no pueden afiliarse a los sindicatos. De esta situación se aprovechan los empleadores para explotarles en condiciones casi de esclavitud, explotación que se extiende incluso a los dominico-haitianos (dominicanos descendientes de haitianos) a quienes las autoridades policiales muchas veces expulsan del país sin tener en cuenta su nacionalidad. Estas personas no tienen ninguna posibilidad de reclamar sus derechos. Contratar extranjeras/os se convierte así en una estrategia de las empresas para bajar los estándares laborales y además impedir la organización.

Zonas francas, modelo en crisis: Si bien el Código Laboral rige en las zonas francas industriales, el gobierno no ha realizado un verdadero esfuerzo para asegurar que la legislación laboral sea aplicada en las zonas francas. Los empleadores raramente acatan las decisiones del tribunal industrial cuando se pronuncia en su contra.

Los empleadores se niegan a reconocer a los sindicatos e implementan diversas estrategias para impedir la organización o desmantelarlas. Por ejemplo, se distribuyen listas negras de activistas sindicales para impedir que encuentren un empleo. Algunas empresas recurren a la contratación a través de instancias especializadas como forma de impedir el acceso de sindicalistas, activistas laborales y de derechos humanos, etc. Donde existe el sindicato, se dan muchos casos de despidos de directivos de la organización y sino se le monta una campaña de discriminación, amenaza e intimidación permanente.

Violaciones en 2006

Contexto general: El gobierno sigue apostando por una política de creación de empleo a través de las inversiones extranjeras, que ha demostrado su vulnerabilidad y fracaso en los últimos dos años. A pesar de las advertencias y resistencias de las organizaciones sindicales y sociales, el gobierno insiste en adoptar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Prisión y multas a sindicalistas por protesta social: Dos dirigentes sindicales fueron sentenciados a prisión y otros ocho a pagos millonarios de dinero, por realizar protestas sociales en el marco de un paro de transporte. Antonio Marte, Presidente de la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA) fue sentenciado a 4 años de prisión. Blas Peralta, Presidente de la Federación Nacional de Trasporte Dominicano (FENATRADO), fue condenado a 6 meses de prisión, más el pago de un millón de pesos. Otros ocho dirigentes sindicales tendrán que pagar millones de pesos.

Despido: la principal arma contra sindicatos: En el consorcio de Bancas Real Sports (compañía de apuestas y lotería) 8 trabajadoras fueron despedidas por organizarse en sindicato. Desde entonces, esas trabajadoras no han podido encontrar trabajo en otro lugar y hay especulaciones que están en lista negra. A través del departamento legal de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), las trabajadoras están demandando la reincorporación laboral y el pago de los salarios perdidos.

En septiembre, los 30 fundadores del Sindicato de Trabajadores de Cartones del Caribe fueron despedidos.

La empresa Refrescos Nacionales – Coca Cola, pertenenciente a la multinacional Coca Cola Company, despidió el 24 de noviembre a 16 trabajadores/as pertenecientes al Comité Gestor Pro-Sindicato. El motivo del despido fue el intento de estas personas de reactivar su sindicato, según denuncia la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).

Despidos masivos para evitar sindicatos y discriminación para debilitarlos: Los trabajadores/as en Universal Aloe, compañía agroexportadora en la parte norte del país, habían fallado varias veces el intento de obtener el registro legal de sus sindicatos, a pesar de exceder el requerimiento mínimo de 20 miembros. La empresa ha respondido con despidos masivos en grupos de 80 a 100 personas. Con la ayuda de FEDOTRAZONAS lograron el reconocimiento legal del sindicato. Sin embargo, la empresa no cesa su campaña antisindical y ahora les discrimina abiertamente. Las personas afiliadas están obligadas a trabajar horas extras, les negaron el agua y el transporte dentro y fuera de los campos.

Campaña antisindical en zona franca: En Septiembre se denuncia la situación de violación a la libertad sindical en FM1, del Grupo M, localizada en la Zona Franca de Santiago. Después de que 75 trabajadores/as se unieron al Sindicato, la compañía inició una campaña antisindical en la cual aisló a los trabajadores/as líderes e intimidó a los trabajadores/as amenazándoles con cerrar la fábrica si continuaban apoyando al Sindicato.

Violencia contra Sindicalistas: El presidente de la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA) denunció en julio que este año al menos 150 chóferes de sindicatos ligados a esa Confederación habían perdido la vida en actos relacionados con la delincuencia. El dirigente sindical, exigió a las autoridades nacionales que investiguen cada caso en profundidad, pues algunos pueden estar ligados a razones políticas.