Bolivia

Población: 9 100 000

Capital: La Paz

Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

La elección de Evo Morales como Presidente generó diversas expectativas en los movimientos sociales y sindicales del país. Durante este primer año de gobierno adelantó algunas iniciativas favorables al reestablecimiento de derechos sindicales, aún no ha podido concretar los cambios radicales que el movimiento sindical propuso en los últimos años. Una Asamblea constituyente está en curso, se esperan grandes transformaciones en la legislación nacional, a partir de la misma.

Derechos sindicales según la ley

Se requiere autorización del gobierno: Los trabajadores/as pueden formar y afiliarse a organizaciones de su propia elección y negociar colectivamente. No obstante, la ley contiene numerosas restricciones a estos derechos. La Ley General del Trabajo, que data de 1942, indica que para establecer un sindicato se necesita la autorización previa del gobierno y permite sólo un sindicato por empresa. Además niega a los funcionarios públicos el derecho a organizarse, a excepción de los trabajadores/as en el sector de la salud, la educación y el petróleo. La OIT ha reclamado el derecho de los funcionarios públicos que no participan en la administración del Estado a sindicalizarse, sin respuesta positiva por parte del gobierno. Los campesinos y los trabajadores/as agrícolas tampoco gozan de este derecho. Los sindicatos gremiales o profesionales no pueden constituirse con menos de 20 trabajadores; los de la industria requieren contar como mínimo con el 50% de los trabajadores de la empresa. La Ley General del Trabajo permite que los inspectores del trabajo asistan a las asambleas de los sindicatos y controlen sus actividades. Los miembros de los comités ejecutivos sindicales deben ser bolivianos de nacimiento, estableciendo así una clara discriminación frente a los extranjeros y en relación con otros trabajadores/as que hayan adquirido la nacionalidad de ese país. Los dirigentes sindicales deben trabajar en la misma empresa. La ley no permite que los sindicatos se afilien a organizaciones internacionales.

Decreto favorece la libertad sindical: El 21 de febrero 2006 con la promulgación de la Ley 3352, fue elevado a rango de Ley el decreto N° 38, de fecha 07 de febrero de 1944 vinculado al fuero sindical, con algunas modificaciones, destacándose el artículo 5 que establece que “Todo empleador o representante del mismo que infringiese la disposición del Articulo 1° del presente Decreto Ley o que impidiese directa o indirectamente el libre ejercicio de la actividad sindical, será sancionado por el Juez del Trabajo previo procedimiento sumario con multa pecuniaria de mil a cinco mil bolivianos”. Con esta legislación se elimina el decreto que facultaba al gobierno a disolver un sindicato por medio de un decreto administrativo y se toma en consideración las recomendaciones hechas por la OIT para aumentar las multas por actos de discriminación sindical o injerencia de los empleadores.

Derecho de huelga – condiciones estrictas: Las huelgas en los servicios públicos, incluyendo los bancos y los mercados públicos, están prohibidas por ley. Para los demás trabajadores/as el derecho de huelga también está sometido a condiciones estrictas. Una huelga puede ser declarada legal en una empresa sólo si obtiene el voto a favor de tres cuartas partes de los trabajadores/as. Las huelgas generales y de solidaridad están totalmente prohibidas y pueden ser sancionadas penalmente. Aunque según las normas internacionales del trabajo la medida sólo puede aplicarse a los servicios esenciales, puede imponerse un arbitraje para poner fin a una huelga en sectores que no siempre son esenciales. Está prohibido el derecho de huelga en los servicios de carácter público y en el sector bancario. Los trabajadores que no hayan estado de acuerdo con una convocatoria de huelga, pueden continuar sus labores normalmente, pudiendo incluso recurrirse al apoyo de las fuerzas policiales. Si se declara ilegal la huelga, los participantes pueden ser condenados desde uno a cinco años de cárcel, con trabajo obligatorio como pena accesoria, según el Código Penal Boliviano (Art. 234).

Nueva Legislación revierte flexibilización laboral: El 01 de mayo de 2006 se promulgó el Decreto 28699, que reestablece los derechos a estabilidad laboral, remuneración justa y beneficios sociales para todos los trabajadores/as asalariados del sector público y privado. Con este Decreto se derogan artículos de decretos anteriores que establecieron “que las empresas privadas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajos con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo”.

En mora eliminación de muchas restricciones legales: Durante una misión de asistencia técnica de la OIT a Bolivia en abril de 2004, se organizó una reunión tripartita en la que se acordó retirar algunas, aunque no todas las restricciones a los derechos sindicales. Las principales áreas problemáticas que al cierre de este informe quedan pendientes por abordarse son: la exclusión de los campesinos/agricultores de la cobertura de la Ley General de Trabajo, la negativa del derecho a la sindicalización para los funcionarios públicos.

Derechos sindicales en la práctica

En la práctica, el requisito mínimo de contar con 20 trabajadores/as para constituir un sindicato ha demostrado ser una importante restricción, teniendo en cuenta que se estima que el 70% de las empresas tienen menos de 20 empleados.

Tribunal Laboral ineficaz: La lentitud en la administración de la justicia laboral no es ajena al Tribunal Laboral Nacional, cuyos fallos suelen tardar más de un año, de manera que cuando se tratan casos de discriminación contra dirigentes y miembros de sindicatos, sus decisiones resultan muchas veces inaplicables.

Huelgas: En la práctica, las huelgas tienen lugar. En 2006, durante los meses de marzo y mayo tuvieron lugar varios paros de 24 horas en los sectores: transporte público, minería, educación y transporte aéreo, quienes reclamaban negociación colectiva, mejoras salariales, entre otras.

Campesinos: Los campesinos han formado sus propias asociaciones a fin de proteger sus intereses, aunque no están reconocidas por la ley como sindicatos. Considerándola injusta, están particularmente indignados ante la ofensiva emprendida como parte de la lucha antidroga de los diferentes gobiernos contra los productores de coca, un cultivo tradicional que constituye su única forma de sustento. La acción sindical y las protestas de los campesinos a menudo están estrechamente relacionadas. La central sindical nacional, Central Obrera Boliviana (COB) incluye a los cocaleros entre sus miembros, y en numerosas ocasiones ha aunado fuerzas con una asociación de campesinos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), para llevar a cabo protestas sociales. Se espera un relacionamiento diferente con el nuevo gobierno, que cuenta con fuerte respaldo del sector de campesinos cocaleros e indígenas.