Belarús

Población: 9 800 000

Capital: Minsk

Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

El gobierno de Lukashenko sigue sin lograr avances tangibles para mejorar la situación en cuanto a los derechos sindicales. Por el contrario, una nueva ley de sindicatos podría en realidad asentar el monopolio de facto de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB). El número de violaciones de los derechos sindicales en el lugar de trabajo ha descendido, debido probablemente a la amenaza inminente de sanciones internacionales. Sin embargo, los sindicalistas independientes fueron perseguidos en algunas empresas, y varios sindicalistas fueron arrestados durante las elecciones presidenciales en marzo. La inaceptable situación en materia de derechos sindicales llevó a Belarús a convertirse en el segundo país al que la Unión Europea ha retirado las preferencias comerciales a causa de su violación de las normas laborales fundamentales.

Derechos sindicales según la ley

La Constitución de 1996 transfirió todos los poderes al Presidente de Belarús, otorgándole el derecho de emitir decretos con peso de ley. Esta Constitución reconoce técnicamente el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos, pero tanto la ley de sindicatos de enero de 2000 como diversos decretos presidenciales contienen serias violaciones a los derechos sindicales.

Registro obligatorio: El Decreto presidencial N° 2 de enero de 1999 exigía que todos los sindicatos ya registrados a escala nacional, local y de empresa, se registraran de nuevo. Si un sindicato no está registrado, sus actividades quedan prohibidas y la organización tiene que ser disuelta. Los largos y complejos procedimientos incluyen la obligación para los sindicatos de suministrar la dirección oficial de su sede, que suele situarse en el lugar de trabajo o en locales de la empresa, y por lo general se requiere una carta del empleador confirmando la dirección, lo que hace que el sindicato dependa por completo de su buena voluntad. Los sindicatos no están autorizados a utilizar el domicilio privado de sus dirigentes como dirección de la sede legal del sindicato.

La Comisión de Encuesta de la OIT establecida en 2004 concluyó que debe enmendarse el Decreto No. 2 a fin de eliminar los obstáculos para el registro, y las organizaciones sindicales deben registrarse independientemente de que puedan o no proporcionar una dirección legal. La Comisión Republicana de Registro, un órgano estatal misterioso encargado del registro de los sindicatos que incluía a representantes de los servicios de seguridad, fue disuelta mediante un decreto presidencial el 9 de octubre de 2006, ante la insistencia de la OIT.

Exigentes requisitos mínimos de número de afiliados: El mismo Decreto establece requisitos mínimos en el número de miembros afiliados a escala nacional, local y de empresa, tan elevados que resulta casi imposible crear nuevos sindicatos, al mismo tiempo que se debilita la posición de los existentes. En el ámbito nacional debe contarse con un mínimo de 500 miembros fundadores que representen a la mayoría de las regiones en Belarús. Debe enviarse al Ministerio de Justicia una lista con los nombres.

Disolución automática de los sindicatos: En 2005 se introdujeron diversas enmiendas a las leyes y regulaciones, facilitando aún más la disolución automática de los sindicatos. Las estructuras organizativas de los sindicatos, es decir, sus organizaciones principales y territoriales, pueden ser retiradas del registro por simple decisión del registrador, sin que tenga que mediar ningún procedimiento judicial. Para ello basta con que el registrador establezca una notificación por escrito indicando que un sindicato o su estructura violan la legislación o sus propios estatutos y que las violaciones citadas no hayan sido eliminadas en el plazo de un mes. Teniendo en cuenta que la legislación de Belarús es incompatible con las normas de la OIT, esta enmienda permite la disolución administrativa de sindicatos que simplemente pretenden ejercer sus libertades según las normas internacionales. El registrador puede además eliminar a una organización sindical del registro oficial si sus datos han dejado de ser correctos, como por ejemplo si han perdido su dirección legal y no han podido obtener otra.

También puede disolverse un sindicato por decisión judicial en caso de violación de la ley sobre actividades colectivas, o si viola las disposiciones respecto a la recepción de ayuda extranjera.

Hasta dos años de prisión por hacer críticas: En 2005, a iniciativa del Presidente Lukashenko, se introdujo un nuevo delito en el Código Penal, "desacreditar a la República de Belarús", pasible de detención durante seis meses o penas de prisión de hasta dos años. Por "desacreditar" se entiende facilitar deliberadamente a un Estado extranjero o a una organización internacional o extranjera, información falsa sobre la situación política, social o económica del país. Stepan Sukhorenko, Presidente del Comité de Seguridad Nacional, que presentó el proyecto de ley al Parlamento, explicó que introduciendo esta ofensa se busca combatir ciertas declaraciones difamatorias, como la información facilitada por algunos sindicalistas que daría como resultado el "ultimátum de seis meses" presentado por la Organización Internacional del Trabajo.

Serias limitaciones al derecho de huelga: El Código Laboral de enero de 2000 impone serias limitaciones al derecho de huelga. Para empezar, establece procedimientos de conciliación muy complejos que duran al menos dos meses. En segundo lugar, la huelga debe realizarse en los tres meses posteriores al fracaso del proceso de conciliación. Tercero, el Presidente puede suspender una huelga por un período de hasta tres meses o incluso cancelarla, en nombre del interés de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, o cuando se vean amenazados los derechos y libertades de otras personas. Por otra parte, la duración de la huelga debe especificarse con anterioridad y se tienen que garantizar los servicios mínimos. Los participantes en la huelga no pueden recibir ayuda financiera ni subsidios de organizaciones extranjeras.

Decretos antisindicales: En 2001 se aprobaron varios decretos antisindicales. El Decreto Presidencial N° 8 impone condiciones restrictivas para poder recibir asistencia extranjera a fin de organizar actividades en el país. Los fondos extranjeros deben ser registrados en el Departamento de Recursos Humanos, que está directamente bajo la responsabilidad de la Presidencia. El decreto prohíbe el uso de donaciones extranjeras para actividades en el ámbito de las elecciones, referendos, reuniones, mítines políticos, manifestaciones, piquetes y huelgas así como para realizar seminarios y otro tipo de actividad propagandística. El Decreto N° 11 hace que resulte prácticamente imposible llevar a cabo una acción de protesta. Las organizaciones que violen estos decretos pueden ser disueltas.

En noviembre de 2003, el Presidente Lukashenko reforzó estas medidas mediante la introducción del Decreto N° 24, donde se estipula que no puede ofrecerse asistencia extranjera a las organizaciones no gubernamentales, incluidos los sindicatos, para celebrar seminarios, reuniones, huelgas, piquetes, etc. o para campañas de propaganda entre los miembros de las organizaciones, sin el permiso de las autoridades. El decreto ha sido considerado como una nueva tentativa del gobierno para aislar a los sindicatos independientes de sus organizaciones asociadas en el extranjero, así como para limitar la capacidad de los sindicatos de protestar en contra de las constantes violaciones de los derechos humanos y sindicales en el país.

En agosto de 2005 el Presidente Lukashenko publicó la Orden Nº 460, enmendando su anterior Orden Nº 460 de 2003 "Respecto a la asistencia técnica internacional facilitada a la República de Belarús". Esta ordenanza introduce aún más papeleo en las actividades de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos. La organización gratuita de seminarios, conferencias y otros debates públicos se considera como asistencia técnica internacional, y los organizadores deben informar sobre la organización y la celebración de los eventos a la Comisión sobre Cooperación Técnica Internacional del gobierno. Estos eventos deberán además quedar registrados ante el Ministerio de Finanzas; de otro modo se considerarían ilegales.

El nuevo proyecto de ley sindical: una nueva amenaza para los sindicatos independientes: En octubre de 2006, el presidente Lukashenko aprobó el "concepto" de la ley sobre los sindicatos. El "concepto" fue evidentemente preparado sin consulta alguna con los sindicatos fuera de la estructura de la FPB. Está previsto que se convierta en ley en 2007.

El servicio de prensa presidencial explicó que el documento, en esencia, simplificaba el proceso para el establecimiento y funcionamiento de los sindicatos y calificaba a los sindicatos como "uno de los más sólidos pilares del Estado". En realidad, la nueva ley sólo vendría a potenciar los riesgos de que se elimine todo lo que queda del movimiento sindical independiente en Belarús. Según ese "concepto", si un sindicato existente en una empresa representa al 75 por ciento de los trabajadores/as y ha firmado ya un convenio colectivo, ningún otro sindicato puede registrarse en esa empresa. Ese "concepto" también establece umbrales excesivos para el establecimiento de asociaciones sindicales de nivel más alto. Si bien el "concepto" suprime el requisito de disponer de una dirección legal para los sindicatos que no desean obtener personería jurídica, todos los sindicatos de nivel superior tendrán que proporcionar una dirección legal.

El "concepto" también plantea varias otras preocupaciones, como los amplios poderes discrecionales de los que gozan los órganos administrativos en lo que se refiere a la disolución de los sindicatos y la regla de que un sindicato con menos del 10 por ciento de membresía en la empresa se considerará como no representativo. Los sindicatos no representativos no tendrán casi ningún derecho a defender los intereses de sus miembros, lo que supondría que habría un monopolio sindical de facto en Belarús.

Derechos sindicales en la práctica

La Comisión de Encuesta de la OIT condena a Belarús: A principios de 2004, Belarús fue objeto de una Comisión de Encuesta de la OIT, el mecanismo más importante de que dispone dicha organización para garantizar el cumplimiento de sus normas. La Comisión de Encuesta, compuesta de tres destacados expertos en derecho internacional, comenzó sus labores en enero de 2004 reuniéndose con las autoridades y con los sindicalistas víctimas de violaciones, y celebrando audiencias formales de testigos. En el mes de julio de 2004 la Comisión adoptó su informe (publicado en octubre de 2004), en el que se demostró sin duda alguna que los derechos sindicales son violados flagrantemente en Belarús. La Comisión adoptó 11 recomendaciones encaminadas a conseguir que la ley y las prácticas nacionales estén conformes con la normativa internacional. Ocho de estas recomendaciones debían aplicarse antes del 1 de junio de 2005. Sin embargo, los mecanismos de seguimiento de la OIT han podido establecer que no ha habido hasta ahora ningún avance tangible por parte del gobierno belaruso en la implementación de las recomendaciones.

La UE decide retirar a Belarús del Sistema de Preferencias Generalizadas: El 20 de diciembre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea suprimió las ventajas de que gozaba Belarús en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Esta decisión fue el fruto de casi tres años del seguimiento de las violaciones de los derechos sindicales y de la reticencia del gobierno para acatar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. La UE tiene el derecho de imponer tales sanciones contra Estados que violan las normas laborales fundamentales. Sin embargo, se percibe como el último recurso (Birmania es el único país además de Belarús al que se les han retirado las ventajas derivadas del SGP). La decisión afectará las exportaciones belarusas por un importe de unos US$ 529 millones.

Control gubernamental: El objetivo del Presidente Lukashenko parece ser volver a los días del régimen soviético, cuando los sindicatos eran los "pilares sociales" del Estado, bajo el control del partido, o más bien la denominada "Administración Presidencial" que ahora ejerce la autoridad que antes se confería al partido.

El discurso del Presidente ante el congreso de la FPB, el 20 de septiembre de 2005, ilustra perfectamente las relaciones entre el Estado y la principal organización sindical de país. Dijo: "He dado ya mi opinión sobre numerosos puntos. Y si el Presidente así lo dice, deberán trabajar en esta dirección. Pero por favor no piensen que estoy intentando presionarles (...) no quisiera que se me tachase de dictador". Después del congreso se elaboró un "plan de implementación" de la FPB.

El Estado se tomó también la libertad de decir a los sindicatos a quiénes deben afiliar. Si bien los estatutos del Sindicato de de Trabajadores de Radio y Electrónica (REWU) permiten a los trabajadores/as y aprendices de todos los sectores de la economía, así como a los desempleados y jubilados, afiliarse como miembros, el Ministerio de Justicia mantiene su posición oficial de que REWU sólo puede afiliar o representar a los trabajadores/as del sector de radio y electrónica.

Los derechos sindicales, ¿una tradición extranjera?: El 27 de noviembre, Natalya Petkevich, Subdirectora de la Administración presidencial, en un comentario en la televisión nacional declaró que la OIT "trata de imponer tradiciones extranjeras" en Belarús. También señaló que en su opinión, los trabajadores belarusos no necesitan sindicatos porque en caso de problemas, podían escribir directamente al director de la empresa, a las autoridades del Estado o al Presidente de la República.

Derechos suprimidos: El gobierno no escatima medios para suprimir las protestas y la oposición de los sindicatos a las violaciones de los derechos sindicales y humanos, que tienen lugar a diario en Belarús. El gobierno no sólo trata de aislar a estos sindicatos a escala nacional, sino que también intenta retirar los mecanismos de apoyo que han sido establecidos a lo largo de años de cooperación y criminaliza toda ayuda internacional. Los dirigentes de los sindicatos independientes, especialmente Alexander Yaroshuk, del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), están expuestos a la presión de los medios de comunicación, esencialmente controlados por el gobierno.

Se desalienta activamente a los trabajadores/as a afiliarse a sindicatos independientes. Quienes lo hacen son objeto de continuas presiones en el lugar de trabajo para que abandonen el sindicato, de lo contrario se arriesgarían a perder su empleo. Se estima que el 90 por ciento de los trabajadores/as tienen contratos de duración determinada, muchos de ellos a corto plazo. En la práctica, este sistema se utiliza para obligar a los trabajadores a que abandonen los sindicatos independientes. El BKDP informó que el sistema de contratación de duración determinada ocasionó la pérdida de más de 500 miembros en la empresa Grodno-Azot y de 45 miembros en la empresa Belshina durante el año. Se ha arrestado a miembros de sindicatos independientes por distribuir publicaciones sindicales, y se les ha confiscado el material y negado el acceso a los lugares de trabajo.

Requisitos legales para el registro utilizados contra los sindicatos independientes: El requisito legal según el cual la dirección tiene que confirmar por escrito el domicilio oficial de un sindicato, está siendo utilizado, bajo pretextos ridículos, en contra de los sindicatos independientes. El REWU señaló que durante los últimos diez años, no había habido ni un solo caso en el que los tribunales hubieran fallado a favor de organizaciones que apelaran en contra de una negativa de registro. El 20 de diciembre, el Ministerio de Justicia publicó un memorando explicativo sobre el registro, refiriéndose al Convenio 87. Sin embargo, la formulación del memorando era demasiado vaga para garantizar que el registro del sindicato se lleve a cabo ajustándose a las normas de la OIT.

Los trabajadores no gozan de una protección adecuada: La Comisión de Encuesta de la OIT establecida en 2004 estimó que era importante incluir un comentario especial sobre la declaración hecha por el gobierno, afirmando que la legislación ofrecía una protección adecuada en casos de interferencia, discriminación antisindical y otras violaciones de los derechos sindicales, y que cualquier organización podía recurrir a los tribunales. La Comisión manifestó su desacuerdo: "Después de examinar los casos que estas organizaciones llevaron repetidas veces ante los tribunales, así como la presunta falta de consideración de cuestiones sustantivas planteadas en dicho marco y la forma aparentemente sistemática en la que estas demandas fueron desestimadas, la Comisión se ve en la obligación de preguntarse si el acceso a los tribunales en las circunstancias actuales es realmente un recurso adecuado para obtener reparaciones por las violaciones a los derechos sindicales". La Comisión también concluyó que la Fiscalía ha permitido que "las presuntas violaciones sean totalmente ignoradas o automáticamente desestimadas".

Injerencia sistemática: La Comisión de Encuesta de la OIT también llegó a la "inevitable conclusión de que el movimiento sindical ha estado y sigue estando sujeto a una importante injerencia por parte de las autoridades del gobierno". También declaró que "esta injerencia tuvo como efecto el debilitamiento de una de las condiciones esenciales de la libertad sindical: la independencia sindical". La Comisión instó al gobierno a llevar a cabo investigaciones independientes en todos los casos de injerencia, pero aún no lo ha hecho. Los sindicatos que han buscado la ayuda de las autoridades en estas circunstancias simplemente recibieron respuestas formales. Además, los incidentes de injerencia se incrementaron después de que la Comisión Europea concluyese que Belarús era culpable de graves violaciones de los derechos sindicales.

El 28 de noviembre de 2005 se modificaron las normas de procedimiento del Consejo Nacional, a petición de la FPB. Ahora únicamente los sindicatos que cuenten con al menos 50.000 miembros serán considerados representativos a efectos del Consejo Nacional, lo cual implica que ni el BKDP ni otros sindicatos que estén fuera de la estructura de la FPB podrán participar en el diálogo tripartito. Sin embargo, en agosto de 2006, el BKDP fue informado verbalmente de que contaba con un escaño en el Consejo y, aunque el BKDP no recibió un documento oficial, su representante de hecho participó en los trabajos del Consejo Nacional.

Violaciones en 2006

Contexto General: El presidente Lukashenko fue reelegido en marzo en una votación fuertemente criticada y calificada de injusta por diversos observadores internacionales. Los EE UU y la UE han impuesto sanciones financieras y restricciones de viaje a los altos cargos del régimen, considerado como "la última dictadura de Europa".

Registro imposible: Se denegó el registro a varios sindicatos independientes durante el año. En mayo, el comité ejecutivo de la ciudad de Grodno se negó a registrar a la organización de REWU en Grodno, sin ofrecer una justificación válida para ello.

Sindicalistas detenidos: Varios activistas de REWU fueron detenidos en marzo. El Sr. Kozlov, representante de REWU en la región de Gomel, fue trasladado el 17 de marzo a la comisaría de policía, donde permanecería detenido durante dos horas. Todos los documentos que llevaba consigo y que incautaron se relacionaban con sus actividades sindicales, incluyendo las solicitudes de afiliación al sindicato en "Avtopark No. 1" y boletines del sindicato. Esos documentos no le fueron devueltos. Otra integrante del sindicato fue arrestada y permaneció detenida durante 24 horas en Borisov el 18 de marzo antes de comparecer ante el juez que la condenó a pagar una multa equivalente a US$ 72. Ivan Roman fue arrestado en dos ocasiones: primero del 18 al 20 de marzo y luego nuevamente el 23 de marzo, cuando se le acusó de un delito menor de gamberrismo, siendo sentenciado a 13 días de reclusión. El Sr. Bukhvostov fue sentenciado a 15 días de arresto administrativo el 27 de abril tras una declaración que hizo durante la conmemoración pública de la catástrofe de Chernobyl.

Campaña antisindical en Gomel: La dirección de la empresa "Avtopark No. 1" en la ciudad de Gomel obligó a los trabajadores/as a desafiliarse de REWU, amenazándolos con despedirlos y expulsarlos de sus viviendas. En marzo, uno de los activistas sindicales, el Sr. Evseychuk, recibió una multa que representaba la mitad de su salario mensual por actuar en nombre de una organización "no registrada" después de que el empleador hubiera informado a las autoridades que el sindicalista estaba reuniendo declaraciones de los empleados sobre su afiliación al sindicato. El sindicato apeló contra la multa, pero se mantuvo la decisión. En abril, el empleador despidió al Sr. Yevseychuk por una presunta ausencia laboral no autorizada. Aunque el sindicato demostró ante los tribunales que había sido, en realidad, el empleador el que había vulnerado los términos del contrato laboral, el Sr. Yevseychuk seguía sin poder recuperar su expediente de empleo a finales del año. El 31 de mayo, otro activista sindical fue despedido por transportar pasajeros sin billetes válidos. El REWU está convencido de que la dirección ordenó colocar a los miembros del sindicato bajo estrecha vigilancia para poder encontrar pretextos para despedirlos. En noviembre, se informó a los miembros de REWU de que sus contratos temporales no serían renovados y que los miembros de los sindicatos que estuvieran fuera de la estructura de la FPB no deberían trabajar en la empresa.

Cuando REWU recurrió a la oficina del Fiscal de Distrito, en vez de abrir una verdadera investigación sobre las violaciones de los derechos sindicales, la oficina preguntó al Ministerio de Justicia si los trabajadores/as del estacionamiento estaban autorizados a afiliarse al REWU. El 11 de julio, el Ministerio de Justicia respondió que la membresía del REWU sólo estaba abierta a trabajadores del sector de radio y electrónica. Aunque REWU escribió al Ministerio, explicando que sus estatutos permitían la afiliación de trabajadores de todos los sectores de la economía, el Ministerio siguió manteniendo su interpretación.

Presión sobre los sindicatos independientes: A principios de 2006, la dirección de la empresa "Grodno–Azot" lanzó una campaña en contra de la organización de base del Sindicato Independiente de Belarús (BITU). Los directores de planta invitaron a los miembros de BITU a firmar declaraciones en las que aceptaban abandonar su sindicato y cesar el pago de sus cuotas de afiliación. Los que se negaron fueron amenazados con ser despedidos o no renovar sus contratos de duración determinada.

El Subdirector de ideología de la empresa declaró que el empleador "tenía derecho a indicar al trabajador a qué sindicato afiliarse", y que la dirección consideraba que la coexistencia de dos sindicatos independientes era inadecuada. En agosto de 2006, el director de la empresa aseguró que tenía autoridad para decidir no renovar los contratos de los miembros de sindicatos independientes. Los miembros del sindicato que se mostraron más activos habían sido marginados o trasferidos. El sindicato perdió la oficina que tenía cerca de la planta de producción y, en su lugar, recibió un local situado lejos del centro de trabajo. El BITU también informó que la dirección se había negado a firmar un convenio colectivo pretextando que había recibido una orden del Viceprimer Ministro en ese sentido.

Los miembros de la organización de base de BITU en la empresa "Belshina" comenzaron a ser víctimas de discriminación en la primavera de 2006. El Subdirector de ideología de la empresa declaró que se retirarían los locales al sindicato mediante orden judicial, pese a que el arrendamiento de los locales no vencía hasta 2008. Los activistas del BITU en "Belshina" se quejaron ante la oficina del Fiscal General, pero el fiscal informó que el empleador no había cometido ningún delito. El 12 de septiembre, el sindicato demandó al empleador ante los tribunales por discriminación antisindical, pero su demanda no fue admitida a trámite. El 3 de octubre, el vicepresidente del sindicato comenzó una huelga de hambre de 43 días con el fin de protestar por la discriminación antisindical y la negativa de registrar a su sindicato. El 22 de noviembre, se llegó a un compromiso parcial: los miembros del BITU recibieron una parte de sus primas impagadas. En el momento de redactar el presente informe, la organización seguía sin contar con una dirección legal y sin poder acceder a sus cuentas bancarias.