Bulgaria

Población: 7 800 000

Capital: Sofía

Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 105 - 111 - 138 - 182

La acción internacional consiguió que se retirase la prohibición de huelga en los sectores de la energía, las comunicaciones y la sanidad. Además, en una decisión vinculante, el Consejo de Europa declaró que la prohibición general de las huelgas en el servicio civil y las desproporcionadas restricciones a la huelga en el sector ferroviario constituían una violación del derecho de huelga. No obstante, la legislación relativa a estas restricciones aún no se había enmendado a finales de año.

Derechos sindicales según la ley

La Constitución establece el derecho de todos los trabajadores/as a formar y afiliarse a sindicatos, a excepción de los militares. Los funcionarios públicos están cubiertos por una ley separada que reconoce su libertad sindical.

Limitaciones al derecho de huelga: Se permite organizar huelgas cuando no se ha alcanzado un acuerdo en las negociaciones para resolver una disputa colectiva, cuando no se ha conseguido llegar a un acuerdo tras recurrir a la mediación y/o al arbitraje voluntario, o en caso de que el empleador no cumpla con el proceso.

Los funcionarios públicos no pueden declararse en huelga, sino limitarse a organizar "huelgas simbólicas", es decir colocar signos, llevar brazaletes, insignias o banderolas de protesta, pero sin abandonar sus puestos de trabajo. Las "huelgas políticas" están prohibidas, así como las huelgas en los servicios esenciales, cuya lista excede la definición de la OIT. En el sector de transporte ferroviario, el derecho de huelga está muy limitado: en caso de huelga debe cubrirse un 50 por ciento de servicios mínimos. La ley estipula que puede declararse ilegal una huelga si la decisión es confirmada por dos tribunales, es decir, basta que un tribunal superior mantenga la sentencia del juicio inicial tras una apelación. Los miembros del ejército y del sistema judicial no pueden hacer huelga, y hasta octubre de 2006 los trabajadores/as en los sectores de electricidad, sanidad y comunicaciones también tenían prohibido recurrir a la huelga.

En 2005, la central sindical nacional CITUB y la Confederación Europa de Sindicatos (CES) remitieron una queja conjunta al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano de supervisión de la Carta Social del Consejo de Europa. En una decisión adoptada el 16 de octubre de 2006, el Comité concluyó que la prohibición general de todas las huelgas en los sectores de la electricidad, sanidad y comunicaciones, así como las restricciones impuestas a las huelgas en el sector ferroviario (con un elevado nivel de servicios mínimos), y la norma según la cual los funcionarios civiles, independiente de su función, únicamente pueden llevar a cabo huelgas simbólicas, resultan incompatibles con la Carta y por tanto constituyen una violación de los derechos sindicales. Las autoridades del Estado deberán por tanto enmendar la legislación.

Poco después de la decisión final del CEDS, el 12 de octubre de 2006, el Parlamento adoptó una enmienda a la Ley relativa a la Solución de Conflictos Laborales, eliminando la prohibición de las huelgas en los sectores de la energía, las comunicaciones y la sanidad, y estableciendo los procedimientos de mediación y conciliación necesarios. No se había introducido ningún otro cambio en el momento de redactar el presente informe, así pues, seguían vigentes las restricciones al derecho de huelga en el sector ferroviario y en el servicio civil.

Solución de conflictos: El Instituto Nacional de Reconciliación y Arbitraje fue establecido en 2003 para la resolución de los conflictos colectivos laborales fuera de los tribunales. Este instituto proporciona mediación y arbitraje y viene a llenar un importante vacío en el sistema de relaciones industriales.

No existen mecanismos para resolver los conflictos laborales colectivos en aquellos sectores y actividades en que están prohibidas las huelgas.

Protección frente a la discriminación: El Código Laboral establece indemnizaciones equivalentes a seis meses de salario en caso de discriminación antisindical. En enero de 2004 entró en vigor la Ley para la Protección contra la Discriminación, en base a la cual los empleados pueden apelar ante la Comisión de Protección frente a la Discriminación en caso de verse discriminados. Los sindicatos pueden también presentar casos de discriminación cometidas contra sus miembros, si éstos lo solicitan. No obstante, corresponde al empleado aportar las pruebas necesarias.

Los derechos de negociación no están reconocidos en el sector público: La negociación colectiva está permitida para los trabajadores/as del sector privado. La Ley sobre los Funcionarios Públicos deniega ese derecho a los funcionarios.

Cuando se concluye un convenio a nivel sectorial entre sindicatos representativos y organizaciones de empleadores, puede hacerse extensivo a todas las empresas del sector, pero tal medida sólo se adoptaría a discreción del Ministro.

Tribunales Laborales: En marzo de 2004 el gobierno anunció que estaba examinando la posibilidad de establecer tribunales laborales especializados. El proceso continua, con asistencia de la OIT.

Derechos sindicales en la práctica

Constante hostigamiento: En los últimos años, los sindicatos han informado de casos frecuentes de discriminación y hostigamiento contra los sindicalistas y militantes sindicales, que han sido trasladados, bajados de categoría o despedidos. Estas medidas han creado temores e inseguridad, haciendo que algunos trabajadores/as se muestren reticentes a la sindicalización. Los procedimientos legales para la reintegración de los trabajadores/as despedidos pueden llevar mucho tiempo, a veces años, mientras que las sanciones contra los empleadores por despidos injustificados son demasiado débiles para resultar disuasivas. En el sector privado, algunos empleadores simplemente han prohibido la afiliación sindical en sus empresas y obligado a los trabajadores/as recién contratados a firmar declaraciones comprometiéndose a no establecer ni afiliarse a sindicatos. Se ha venido recurriendo cada vez más a contratos de empleo temporal para evitar que los trabajadores/as exijan sus derechos, dado que el Código Laboral no protege de manera adecuada a los trabajadores/as con contratos temporales.